EL BLANQUEO DE CAPITALES

27 ene EL BLANQUEO DE CAPITALES

Josep Riba Ciurana.- Abogado

Profesor Asociado de Derecho Penal

Universidad Autónoma de Barcelona

I).- Introducción.

 

La normativa de prevención y represión del blanqueo de capitales tiene como objetivo principal evitar que las personas que han obtenido un beneficio económico procedente de una actividad delictiva puedan disfrutar del mismo.

 

Las modalidades para blanquear dinero son múltiples. El SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), ha identificado múltiples canales, tales como el sector inmobiliario; circuitos financieros; utilización dinero en efectivo; fraude de IVA; empresas gestoras de transferencias; creación de empresas con ganancias ficticias; adquisición de bienes de alto valor (cuadros, piedras preciosas), etc.

 

Pero también incluye el SEPBLAC a los consultores y asesores jurídicos o financieros, a los que necesariamente acuden las personas que pretenden realizar acciones de blanqueo, habida cuenta la complejidad legislativa y la importancia de las inversiones.

 

Por ello, se han ido elaborando una serie de normas de obligado cumplimiento para prevenir y perseguir el blanqueo de capitales, siendo la Ley 10/2010 y su reglamento la normativa de referencia, que afecta a numerosas actividades y a numerosos profesionales. En caso de inobservancia de estas conductas, se prevén sanciones con elevadas cuantías (de 60.000€ a 1.500.000€). Además, el Código Penal castiga una serie de conductas relativas al blanqueo de capitales con penas de prisión. (Art. 301 a 304 CP), siendo de especial importancia la modalidad imprudente del Art. 301.3º  CP.

 

II).- Sujetos obligados. Los gestores administrativos.

 

Los artículos 1º y 2º del Estatuto Orgánico de los Gestores Administrativos (EOGA),  define a los gestores como profesionales que de forma habitual, profesional y retribuida, se dedican a promover, solicitar y realizar toda clase de trámites que no requieran la aplicación de la técnica jurídica reservada a la abogacía, además de actuar ante los órganos de las Administraciones públicas en calidad de representantes. (Art. 32.2 de la Ley 30/1992).

 

Desde esta perspectiva y atendido el ámbito de actividad genérico descrito, los Gestores Administrativos no estarían obligados al cumplimiento de la normativa administrativa de referencia. Sin embargo, los gestores administrativos no limitan su actividad a estas concretas disciplinas profesionales, sino que es más amplio. La ley 10/2010 enumera como sujetos obligados al cumplimento de las normas allí descritas, entre otros muchos, a las compañías aseguradoras; contables externos; asesores fiscales; así como a los profesionales independientes, cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, gestiones de fondos, valores u otros activos.

 

También son sujetos obligados, aquellos que actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria; personas que con carácter profesional presten servicios de constitución de sociedades, ejerzan funciones de dirección o secretaría, que faciliten un domicilio fiscal o una dirección comercial, postal, administrativa, y otros servicios afines a una sociedad.

 

Por ello, en la medida que los miembros del colectivo de los gestores administrativos desarrollen uno o algunos de estos servicios, estarán obligados a seguir las pautas marcadas por la normativa a fin de que adopten las medidas necesarias para participar de forma activa en la prevención del blanqueo de capitales, debiendo recordar, una vez más, que la inobservancia de estas normas puede dar lugar a severas sanciones administrativas.

 

Las principales obligaciones que deben seguir los miembros de los grupos de sujetos obligados, pueden agruparse en los siguientes grupos:

 

1.- Identificación previa de las personas físicas o jurídicas con las que se relacione profesionalmente; conocer su actividad; debiendo adoptar medidas para comprobar la identidad real y el propósito real del negocio, prohibiéndose mantener relaciones de negocio con entidades cuya estructura de propiedad no haya podido determinarse.

 

La Ley 10/2010 matiza que estas medidas se aplicarán de forma más o menos intensa en función del riesgo y dependiendo del tipo de cliente, relación de negocios, producto u operación.

Esta aclaración permite al gestor administrativo valorar el riesgo de la operación y las necesidades de solicitar toda la información a la que hemos hecho referencia anteriormente.

Lo verdaderamente importante será poder demostrar en el futuro y, ante una posible operación en la que haya intervenido profesionalmente, (en este caso, un gestor administrativo), que se desarrolló un previo análisis del riesgo y que se emplearon todas aquellas medidas que tenían el alcance adecuado en vistas al riesgo observado.

b).- Obligación de abstenerse de realizar operaciones sospechosas y comunicación al SEPBLAC.

Si a resultas del análisis previo de la operación de negocio o solicitud de servicios profesionales, se genera una sospecha sobre la bondad de la pretensión, los sujetos obligados deberán rechazar la propuesta. En el caso de que estas dudas, sospechas o recelos aparezcan durante el curso de la relación, se exige la comunicación al SEPBLAC.

c).- Obligación de guardar los documentos.

Se obliga a conservar la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, durante un período mínimo de diez años.

d).- Mantener la confidencialidad de la comunicación al SEPBLAC.

En el caso de que se esté examinando una determinada operación, los sujetos obligados no pueden revelar ni al propio cliente ni a terceros dicha circunstancia, ni durante el análisis previo ni posteriormente a la comunicación de información al SEPBLAC.

Esta obligación genera ciertas dudas puesto que la relación que une a un gestor administrativo y a su cliente es una relación de confianza. De ahí que la Ley conmina a aplicar las medidas de diligencia debida, cuando existan dudas sobre la veracidad o adecuación de los datos obtenidos.

La Ley desarrolla unas medidas reforzadas de diligencia debida cuando se presenta una operación de alto riesgo así como otra serie de obligaciones más comprensibles, como es la obligación de ayudar al SEPBLAC en sus pesquisas de averiguación, la obligación de establecer medidas de control interno con el fin de poder detectar a posibles infractores, la obligación de formar al personal, entre otras.

IV).- El delito de blanqueo de capitales.

 

Los artículos 301 a 304 del Código Penal castigan una serie de conductas relativas al blanqueo de capitales. Además de la naturaleza propia de represión que tiene la norma penal, se pretende impedir que bienes de origen ilícito, no puedan ingresar en los circuitos económicos normales sin que se pueda detectar su origen y naturaleza.

 

Los tipos dolosos requieren que el autor tenga conocimiento de la existencia de un delito previo. En la medida en que el profesional (en este caso el gestor administrativo) conozca este extremo y sepa que el servicio que se demanda, está relacionado con bienes derivados de un delito o de otra operación previa de blanqueo de capital (aunque no hubiere intervenido en ella), podrá tener responsabilidad penal de conformidad a lo dispuesto en los artículos 301 del Cp.

 

El artículo 301.3 del CP regula la modalidad imprudente, (castigada hasta 2 años de prisión y multa del tanto al triplo del valor económico de la operación de blanqueo), siendo suficiente la intervención no intencional, desarrollando alguna de los comportamientos descritos. Ahora bien, se hace preciso aclarar que el artículo 301.3 CP exige que la imprudencia sea “grave”.

 

La criminalidad de esta modalidad imprudente se construye pues sobre la base de la inobservancia de las medidas de diligencia debida. De ahí que, el incumplimiento de las exigencias u obligaciones derivadas de la Ley 10/2010, podría comportar la posible comisión del tipo imprudente de blanqueo de capitales y, en su caso, permitiría establecer una primera valoración acerca del dolo.

 

No quiere decir ello que el incumplimiento de alguna de las exigencias de la Ley 10/2010 de lugar, de forma directa e inobjetable, a la comisión de la modalidad imprudente del delito de blanqueo de capital, pues, reiteramos que el tipo exige que la imprudencia sea grave. Sin embargo, la inobservancia de estas medidas será el primer paso para poder llegar a considerar su posible comisión.

 

 

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